La Contraloría General de la República, a través de su Delegada para el Sector Infraestructura, realizó una Auditoría de Cumplimiento al Ministerio de Transporte, por los recursos públicos del Orden Nacional transferidos al Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros (SETP) del Distrito de Santa Marta, en la que se detectaron hallazgos fiscales por $21.000 millones.

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Del total de los hallazgos fiscales identificados, se estableció un hallazgo fiscal por $19.840 millones, con presunta incidencia disciplinaria, asociado a un contrato suscrito en 2023 para la implementación del Sistema de Recaudo Centralizado, Control de Flota e Información al Usuario del Sistema Estratégico de Transporte Público de Santa Marta.

"A pesar de haberse efectuado el pago total del contrato, al 31 de junio de 2025 no se evidencia la entrega ni la puesta en funcionamiento de los equipos tecnológicos, lo que impidió el cumplimiento del objeto contractual", indicó el ente de control.

De igual forma, como parte del monto total, se determinó un segundo hallazgo con incidencia fiscal por $1.250 millones, con presunta incidencia disciplinaria, relacionado con la ejecución y pago del contrato de interventoría.

"Este hallazgo se origina en el incumplimiento de las obligaciones contractuales y normativas de la interventoría, al no registrar, advertir ni informar oportunamente sobre los incumplimientos detectados en la ejecución del contrato, ni recomendar la adopción de medidas correctivas o sancionatorias, pese a haber autorizado los pagos correspondientes", explicó la Contraloría.

En la auditoría se evaluó la inversión de los recursos públicos del orden nacional transferidos al Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP) del Distrito de Santa Marta, en el marco del convenio de cofinanciación suscrito con el Ministerio de Transporte, para las vigencias 2023 y primer semestre de 2025.

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Como resultado de la auditoría, se evidenciaron deficiencias en la supervisión y el seguimiento a la ejecución del convenio de cofinanciación, tanto por parte del Ministerio de Transporte como del Ente Gestor del SETP de Santa Marta, "en particular por la ausencia de acciones efectivas frente al incumplimiento de las recomendaciones técnicas emitidas por la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible (UMUS), lo que afectó la adecuada gestión, control y uso de los recursos públicos aportados por la Nación".

Asimismo, "se identificaron imprecisiones en la entrega y en el cumplimiento del objeto contractual, dado que la entrega parcial del Sistema de Operación se realizó mediante una reunión virtual, sin que existiera un documento técnico formal que certificara de manera detallada los elementos entregados, sus identificaciones y especificaciones, conforme a lo establecido contractualmente".

Adicionalmente, del análisis de los informes de interventoría, supervisión y demás documentación contractual, se evidenció que, pese a haberse efectuado los pagos, el Sistema de Operación no se encuentra en funcionamiento.